La historia de este personaje se inicia a mediados de los años 80, cuando conoce a Reynaldo Peters, mediante el cual efectúan un enlace boliviano para la legalización de chinos, a través de la venta ilegal de pasaportes, junto a Walter Gumucio, quien como Subsecretario de Migración efectúan la introducción al país de los súbditos chinos. En este negociado consigue ganar más de diez millones de dólares.
Siempre utilizando las ventajas del poder, logra conseguir un permiso para la venta de gasolina. Con este permiso se asocia a su primo Ferrari, un industrial orureño, al cual lo estafa y se queda con la gasolinera.
Logra conocer a Goni a través de Peters, y mediante diferentes favores, entre ellos el sexual, consigue entrar al entorno de Goni.
Posteriormente, como prefecto de Oruro, logra importar más de diez mil carros de contrabando a través de diferentes palos blancos. También efectúa diferentes importaciones para el narcotráfico en sociedad a Carlos sanchez Berzaín.
Como si eso no bastase, en las elecciones generales, hurta al MNR más de 2 millones de dólares.
Pocas veces no logró torcer a la justicia, como se demuestra en la resolución del Tribunal constitucional que le dice que no chicanee. Ver Resolución
Entre otras corrupciones, existen pruebas que su padre en el gobierno de Banzer y García Meza se «adjudicaron» tierras protegidas en Ixiamas. Lea a continuación lo que publicó la prensa el 3/09/2004:
La familia de la senadora por el MNR y ex ministra de Participación popular Mirtha Quevedo se adjudicó, el 13 de febrero, 1.822 hectáreas en la región de Ixiamas —en el norte del departamento de La Paz—, tierras que le fueron inicialmente entregadas por la dictadura de Hugo Banzer y tituladas por el también ex presidente de facto Luis García Meza.
Antes de la nueva adjudicación, esta titulación fue anulada por contener vicios de nulidad, por lo que el trámite para el saneamiento de esas tierras de la propiedad Esmeralda fue reanudado por el representante legal de la familia Quevedo Acalinovic ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), instancia que determinó dar vía libre a ese proceso.
El 13 de febrero, el presidente Carlos Mesa y el entonces ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortez, rubricaron la Resolución Suprema 2222 que entregó, de manera definitiva, esas tierras a la familia Quevedo Acalinovic.
Esta norma, sin embargo, puso como condición para que el derecho propietario sea consumado, el pago de 111.798 bolivianos como el valor de adjudicación, al margen de otro pago de 2.072 dólares por concepto de tasa de saneamiento respecto a medianas propiedades y empresas agropecuarias equivalente a ese trámite seguido en el INRA.
Además, la resolución suprema pone un plazo de 150 días para que los interesados paguen dichos montos a favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Ayer, la senadora Ana María Flores (NFR) denunció que todo este trámite fue agilizado por la influencia política de Mirtha Quevedo. “Esa propiedad está en un área protegida y la senadora hizo tráfico de influencias para adjudicarse”, aseguró.
Según la legisladora, la propiedad está ubicada dentro de los límites del Parque Nacional Madidi, “donde incluso se ha descubierto petróleo”.
Flores también señaló que Quevedo, en su condición de senadora de la República, estaba impedida de adjudicarse cualquier propiedad estatal, y basó su denuncia en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado, que en el parágrafo primero señala: “Los senadores y diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de tercero, bienes públicos, ni hacerse cargo de contratos de obra o de aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas personales…”.
Lo adjudicó Banzer
Al respecto, Quevedo negó a La Prensa que haya utilizado su condición de senadora para agilitar el proceso de saneamiento y aseguró que el trámite correspondiente data de hace muchos años. En este sentido, admitió que esa propiedad fue adjudicada a su padre, Jorge Quevedo Sánchez, entre los años 76 ó 77, es decir, durante el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez.
Además, la senadora movimientista dijo que el ex presidente Luis García Meza fue quien firmó la titulación de esos terrenos, que entonces tenían una superficie de 2.754 hectáreas.
El 13 de febrero de este año, una vez que todo el trámite de saneamiento fue completado ante el INRA, la familia Quevedo Acalinovic se benefició con la resolución suprema emitida por el actual gobierno de Mesa.
Sin embargo, la senadora Quevedo aseguró anoche que su familia nunca pagó ni el valor de adjudicación ni la tasa de saneamiento porque así lo habría decidido su padre.
“Para esto —aseguró—, mi papá envió cartas al presidente (Carlos Mesa) y al director del INRA (Alcides Vadillo) pidiendo que el Estado se haga cargo. Como han pasado más de 150 días (desde la adjudicación), seguramente esas tierras ya han sido revertidas al Estado”, sostuvo.
Consultada sobre cuáles fueron las razones por las que, pese a al supuesto desinterés familiar, el trámite de saneamiento concluyó, Quevedo respondió que “la resolución ha salido por casualidad. Estaba en trámite desde 1978. No nos hemos acordado (que el tramite estaba en curso)”.
“Si saliera el título (de propiedad), entonces yo estaría cometiendo una irregularidad”, señaló la senadora en referencia a la norma constitucional que prohíbe a senadores y diputados beneficiarse con bienes públicos.
Durante el proceso de saneamiento, el INRA constató mediante las pericias de campo que la propiedad cumple una función económico social, aunque Quevedo dijo que su familia hace tiempo entregó la responsabilidad de esas tierras “a un cuidador”.
“No es una propiedad muy grande. No sirve para ganadería porque algunos ganaderos han dicho que para criar ganado se necesita una superficie mayor de tierras”, dijo, y reiteró que ni su familia ni ella impulsaron ese proceso para llegar a la titulación.
No obstante, una fuente gubernamental señaló anoche a este diario que es muy raro que el INRA lleve adelante un saneamiento de tierras si los interesados no lo tramitan personalmente o mediante sus apoderados.
Este procedimiento sólo se efectúa cuando existe un proyecto de elaboración de catastro rural y se identifica un alto nivel de conflicto. “A esto se denomina saneamiento integrado a catastro. Esto no es muy común; hay muy pocos casos en Bolivia”, agregó.
ALA denuncia (El Diario 13/07/2005
Senadora lucra con comisiones en líneas aéreas
La senadora del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Mirtha Quevedo Acalinovic, utilizando el «tráfico de influencias» y aprovechando su condición de representante nacional, lucra con varias líneas aéreas, cobrando comisiones en porcentajes que van desde de 7 a 10 por ciento en la venta de pasajes, hoteles del 10 por ciento y el alquiler de vehículos de 10 al 25 por ciento en el rubro del turismo.
Esta grave denuncia fue efectuada por el Directorio de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia, cuyos miembros hicieron conocer su protesta a través de una carta al presidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé, y poniendo en conocimiento del país el «descarado» accionar de dicha parlamentaria en desmedro del turismo y las empresas áreas del país.
Asimismo, esta asociación reveló que en el marco de las funciones parlamentarias Mirtha Quevedo Acalinovic, junto a otros legisladores, pretenden hacer aprobar el proyecto de Ley 140 con el objetivo imponer porcentajes de comisión a las relaciones de privados, utilizando el Código de Comercio y las normas vigentes conexas atentando a los derechos de particulares.
«Este proyecto de ley está siendo promovido por los «honorables» Bonifaz Bellido Rivera (MAS), Jorge Justiniano Valderrama (MNR), Enrique Urquidi Hodgkinson (MNR), todo este grupo encabezado por Mirtha Quevedo Acalinovic, quien es propietaria de la Agencia de Viajes «Jumbo Travel SRL». Sostiene también que la senadora del MNR, Mirtha Quevedo, aprovecha de su investidura y trata de influenciar una ley en beneficio propio, lo que es un tráfico de influencias, que va en contra de las normas de libre mercado, la globalización y de acuerdo entre privados, que son las únicas normas que regulan las comisiones y relaciones comerciales privadas.
Recuerdo que una vez fue denunciada que en el Senado de la República, pués hasta la ropa muy personal era pagado con los recursos del parlamento para la señora Quevedo, una verguenza en mayúsculas.
Ahora pregúntese, ¿no es un ejemplar de casta en corrupción esta política auctualmente jefa del partido político del MNR?, no hay duda.